On Concepts and Methods

26 01 2009

Any academic enterprise involving scientific research must depart from defining and delimiting the boundaries of the object it aims to study.  In the case of political science, the increasing use of quantitative methods has undoubtedly inspired a body of highly methodologically sophisticated work that over time has revolutionized the field; however, the use of quantitative methods has also relegated crucial intellectual exercises such as conceptualization to a secondary plain.  I think this is problematic not because I prefer using qualitative methods over quantitative methods or because I consider heavily theoretical work to be particularly “better” than empirically oriented work, but because, in my opinion, any piece of scientific research that is not clear and transparent about its subject matter is unscientific at best, fictitious at worst.

Defining abstract concepts such as “realignment,” “populism,” and “constitutional identity” is certainly not the same as differentiating a cat from a dog.  We can aim to define both sets of concepts empirically—by going out to the field and observing these concepts without due regard to system and theory—; however, it is arguably much easier to identify a dog when we see it than the identity of a particular country’s constitution.  Due to the nature of the concepts we study in political science, concept formation is likely to be more demanding than in, say, animal biology.  This does not mean, however, that political scientists should be held to a lower standard when it comes to conceptualization.  On the contrary, if political scientists aspire to continue being considered “scientists” in the eyes of the whole academic community, they must be held to the highest theoretical and methodological standards.

Put simply, how can we assess the validity of the results of a field experiment or a large-N quantitative analysis if we are not clear about the definition and boundaries of our subject matter?  Since political science—at least publicly—does not embrace sorcery as one of its methods to interpret data, draw conclusions, and derive predictions about political events, we must go back to the basics and begin by making clear what it is that we aim to study.





Vislumbres

26 01 2009

A casi un mes de haberse estrenado el ya no tan flamante 2009, vale la pena detenerse para reflexionar sobre los principales acontecimientos en lo que va del año y conjeturar lo que nos espera en los próximos meses.  A continuación presento tres sucesos políticos que en mi opinión marcaron el mes de enero y tres más que definirán el rumbo del planeta en las próximas semanas.

-Del 27 de diciembre hasta el 21 de enero, el ejército israelí invadió la Franja de Gaza en Palestina con el pretexto de poner fin al lanzamiento de cohetes a su territorio por parte de militantes del grupo islámico Hamas.  El saldo cuantificable de la llamada “Operación Plomo Fundido” fueron mil 300 palestinos muertos, incluyendo 700 civiles, 5 mil 300 heridos y más de 60 mil desplazados.  El capítulo no está cerrado y ahora más que nunca se necesita alcanzar una tregua duradera que permita el inicio de negociaciones serias entre Israel y Palestina.  Mientras tanto, Tel Aviv debe aclarar si utilizó armas prohibidas como municiones de fósforo blanco durante la invasión.

-Del 1 hasta el 20 de enero el gobierno ruso suspendió el suministro de gas a Europa que pasa a través de gasoductos ucranianos debido a la falta de un acuerdo en las tarifas de este producto entre Kiev y Moscú.  La consecuencia inmediata de la llamada “Crisis del Gas” fue que cientos de miles de hogares en los Balcanes, principalmente en Bosnia, Bulgaria y Serbia, permanecieron por casi dos semanas sin calefacción; la consecuencia en los próximos meses será que la Unión Europea reevalúe seriamente su relación con Rusia y busque disminuir su dependencia del gas proveniente de aquella nación.

-El 20 de enero finalmente tomó posesión como presidente de los Estados Unidos el ex senador por Illinois, Barack Obama.  Se calcula que al menos 2 millones de personas viajaron a Washington para ser testigos de su inauguración, además de los millones más que la siguieron en línea, por radio y por televisión.  En un discurso, sobrio y contundente, cumpliendo al pie de la letra con las formas republicanas que caracterizan a aquella nación, nos recordó la dimensión de los retos que nos esperan en los próximos meses y que sólo trabajando juntos vamos a poder salir adelante.  Su decisión de ordenar la clausura del centro de detención localizado en la base militar de Guantánamo y de fortalecer la transparencia con que opera el gobierno son dos excelentes muestras de su gran voluntad de llevar a cabo el plan de gobierno que llenó de esperanza a millones de americanos durante su campaña electoral.

-El 15 de febrero el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, va a llevar a cabo un nuevo referéndum para tratar de permanecer en el poder indefinidamente.  El desplome mundial en el precio del petróleo aunado a un sinnúmero de compromisos para surtir combustibles a sus aliados, hicieron que Chávez apresurara el referéndum para asegurarse que sus compatriotas acudan a votar antes de que la crisis termine de cuajar y sus índices de aprobación anden por el suelo.  Para Chávez el 15 de febrero será la hora de la verdad, porque si gana habrá completado su plan para perpetuarse en el poder, y si pierde…

-A partir del 26 de enero y durante los próximos meses se irá tejiendo el futuro de la República Democrática del Congo (RDC).  Mientras que la Corte Penal Internacional con sede en La Haya llevará a cabo el juicio en el que se acusa al ex líder de la milicia congoleña, Thomas Lubanga, de haber entrenado a niños soldados para matar, saquear y violar durante el sangriento conflicto en la región entre 1998 y 2003, en Kinshasa se busca la extradición del General Nkunda, que recientemente fue capturado en Ruanda y que era buscado por las atrocidades que ordenó desde 2004 al mando de la rebelión tutsi en el noreste de la RDC.  La paz y estabilidad de África central dependen en gran parte de lo que sucede en este país que es por mucho el más grande de la región.

-Durante los primeros meses de este año sabremos más sobre la profundidad y posible duración de la actual crisis económica que asota al mundo entero.  Esto dependerá en gran medida de las acciones del gobierno americano y de la confianza que éstas puedan generar en los mercados.  Mientras tanto, muchos países se preparan para ejercer presupuestos históricos en materia de desarrollo e infraestructura, con la esperanza de así fortalecer sus mercados y reactivar sus economías.

¡Buen Provecho!

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Peligro

5 01 2009

Menú: De entrada, Baba Ghanoush hecho a base de berenjenas y Hummus con aceite de olivo y  sumo de limón.  De plato fuerte, croquetas de Faláfel hechas con habas y un típico Mansaf hecho con cordero, arroz y yogurt.  De postre unas deliciosas peras confitadas y dátiles frescos.  De tomar, té negro y café.

El inicio del año nuevo no pudo haber sido más difícil e incierto para la comunidad internacional.  Desde el pasado 27 de diciembre, el ejército israelí ha llevado a cabo una ofensiva implacable en la Franja de Gaza—primero sólo por aire y desde el sábado 3 de enero también por tierra—, con el pretexto de poner fin al lanzamiento de cohetes desde territorio palestino por parte de militantes y simpatizantes del movimiento islamista Hamas.  Hasta el domingo 4 de enero, el total de muertos en Gaza ascendía a 500, además de arrojar más de 2 mil 500 palestinos heridos que actualmente están en condiciones sumamente precarias en los sobrepoblados hospitales de la Franja.

La gravedad de la actual situación radica en la fragilidad del equilibrio que hasta la fecha había mantenido una turbulenta paz en la región desde la llamada Guerra de los Seis Días de 1967, en la que Israel venció a una coalición árabe formada por Egipto, Irak, Jordania y Siria y se adjudicó la Península del Sinaí, la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos del Golán.  Desde aquel entonces, el camino hacia un acuerdo de paz entre israelíes y palestinos se ha caracterizado por un sinnúmero de obstáculos, entre los que destacan la Primera Intifada entre 1987 y 1993 y la Intifada Al-Aqsa (o Segunda Intifada) entre 2000 y 2005.  En ambos casos, una condición fundamental del cese al fuego fue la retirada unilateral de tropas israelíes de la Franja de Gaza; sin embargo, en esta ocasión Israel ha decidido invadir nuevamente la Franja porque la explosión de cientos de cohetes en territorio israelí durante 2008 colmó la paciencia de Tel Aviv, quien ahora argumenta que la única forma de alcanzar un acuerdo de paz definitivo es a través de una ofensiva que aseste un golpe mortal al movimiento islámico Hamas, que además ganó las elecciones más recientes en Gaza y como consecuencia controla el gobierno de aquella región desde 2005.

De no ser manejada adecuadamente, esta nueva invasión israelí en Gaza podría tener consecuencias terribles no solo para la región, sino para el mundo entero.  Por una parte, la ofensiva israelí pone contra la pared a los gobiernos más antisemitas del Medio Oriente, ya que países como Siria e Irán, por congruencia, deberían de atender al llamado de los palestinos y defenderlos de las agresiones de Israel.  Por otra parte, este nuevo conflicto es la cereza en el pastel de problemas que esperan al nuevo presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, que además de atender las crecientes tensiones económicas en su país y el mundo entero, tendrá que fijar su postura en torno a política exterior con el Medio Oriente e Israel a pocos días de haber llegado a la Casa Blanca.  Mientras tanto, el odio hacia Israel y los Estados Unidos seguirá en aumento en países de mayoría musulmana, donde esta nueva invasión israelí aunada a la actual crisis financiera global, podría generar un excelente caldo de cultivo para terroristas dispuestos a atacar las grandes capitales políticas y económicas de Occidente.  Hay que tener mucho cuidado.

¡Buen Provecho!
la_sobremesa@hotmail.com





2008: ¿Un Año para el Olvido?

22 12 2008

Menú: Ahora sí que lo nos alcance para comprar.

Leer los encabezados de cualquier periódico en el mundo durante este mes de diciembre resulta ensombrecedor.  Empresas en quiebra, países en bancarrota, fraudes millonarios, récords en desempleo, violencia en grandes capitales y hasta un tremendo zapatazo al Presidente de los Estados Unidos; todo se acumula para cerrar un año que a primera vista parece quedar para el olvido.  Sin embargo, antes de apresurar conclusiones fatalistas o poco alentadoras, vale la pena llevar a cabo un pequeño pero conciso ejercicio de reflexión.  En lo que resta de este artículo repasaremos algunos de los acontecimientos que marcaron el 2008, recordando lo bueno, lo malo y lo feo, y tratando de hacer un balance objetivo de la información.

El 2008 arrancó estrepitosamente con dos lamentables noticias que estremecieron al mundo entero.  La primer fue el asesinato de la ex primer ministra pakistaní Benazir Bhutto.  Al momento de su muerte Benazir se perfilaba como la principal aspirante a reemplazar al entonces Presidente y ex jefe del ejército pakistaní Pervez Musharraf.  La segunda noticia fue la violencia desatada tras las elecciones presidenciales celebradas el 27 de diciembre de 2007 en Kenia, donde el actual presidente Mwai Kibaki fue declarado ganador pese a un consenso amplio en la comunidad internacional que las elecciones fueron parcialmente manipuladas.  La violencia generada en Kenia por el aparente fraude electoral hasta la fecha ha arrojado al menos 600 muertos y más de 250 mil desplazados, cifras que se suman a los miles de muertos y desplazados generados por similar violencia política en la República Democrática del Congo y Zimbabwe.

El 2008 también fue un año de importantes cambios en los gobiernos de varias potencias.  El primero y sin duda alguna el más importante del 2008 fue la elección del senador Demócrata Barack Obama a la presidencia de los Estados Unidos, convirtiéndose en el primer presidente de raza negra en la historia de este país.  El segundo gran cambio tuvo lugar en Italia, donde el multimillonario empresario Silvio Berlusconi fue electo nuevamente primer ministro tras la renuncia del socialista Romano Prodi, quien después de casi dos años de pocos logros en el gobierno perdió el voto de confianza del senado italiano.  El tercer cambio de gran calado ocurrió en Japón, donde el Primer Ministro Yasuo Fukuda anunció su renuncia a sólo once meses de haber asumido el cargo.  En su lugar fue electo el ex Canciller Taro Aso, quien ahora carga con la enorme responsabilidad de lograr que su partido, el conservador Partido Liberal Democrático, se sobreponga a una serie de escándalos de corrupción que lo azotan desde hace dos años.  El cuarto y último gran cambio tuvo lugar en Tailandia, donde una serie de escándalos de corrupción seguidos de un golpe de estado en el 2007 generaron tal inestabilidad política que  cuatro diferentes primer ministros han sido nombrados en el transcurso del 2008, el último siendo nombrado apenas el 17 de diciembre.

En América Latina también hubo de que hablar este 2008.  Para empezar, en marzo el ejército colombiano ingresó a territorio ecuatoriano para bombardear un campamento de las FARC, ataque que generó gran tensión en la región y que marcó el inicio de una serie de golpes letales que el gobierno colombiano le ha asestado a la guerrilla de éste país.  Por otra parte, en abril el ex obispo Fernando Lugo fue electo Presidente de Paraguay tras casi 60 años de gobierno del Partido Colorado, liderado de 1954 a 1989 por el dictador Alfredo Stroessner.  A pocas semanas de la elección de Lugo, el presidente boliviano Evo Morales aceptó llevar a cabo un referéndum para reafirmar su mandato, situación que a la postre revistió de legitimidad su presidencia pero que aportó poco para resolver el conflicto económico-regional que vive Bolivia desde el 2006.  Finalmente, durante gran parte del 2008 también fuimos testigos de enormes protestas de campesinos argentinos en contra de la política arancelaria del actual gobierno, de la dramática escalada de la narcoviolencia en México y de la ratificación de una nueva constitución en Ecuador; todo esto enmarcado en el creciente y cada vez más visible distanciamiento entre Estados Unidos y América Latina.

Por último, el 2008 será recordado como el inicio de una crisis financiera global de dimensiones todavía desconocidas.  Desde los primeros meses del año las principales bolsas de valores del mundo se desplomaron ante el estallido de la crisis hipotecaria en los Estados Unidos.  Hasta la fecha, esta crisis no sólo ha llevado a la ruina a países enteros como es el caso de Islandia, si no que también ha desembocado en una recesión generalizada a nivel mundial, comparable únicamente con la Gran Depresión de 1929. 

En resumen, el 2008 fue un año marcado por inesperados cambios políticos que derivaron en la caída de viejos liderazgos y el fugaz asenso de nuevas personalidades.  El que termina también fue un año marcado por un incremento de la violencia étnica y política en África y una escalada de la violencia relacionada con el crimen organizado en América Latina.  En lo que se refiere a la economía, la situación actual no podría ser más ensombrecedora, al tiempo que vemos como gobiernos de derecha asumen políticas económicas de izquierda para salvar a sus grandes industrias.  ¿Para el olvido?  Desafortunadamente sí, el 2008 ha sido un año para el olvido, tanto así que ya pocos recuerdan que el 2008 también el año de los Juegos Olímpicos de Beijing.

¡Buen Provecho!

la_sobremesa@hotmail.com





¿El Fin de una Era?

14 12 2008

Menú: Para empezar unas empanadas rellenas de queso y carne.  Inmediatamente después un delicioso pastel de choclo.  Para terminar un asado con carne de alpaca.  De tomar un exquisito pisco sour.

La elección presidencial de Chile para el período 2010-2014 está contemplada por ley para llevarse a cabo el domingo 13 de diciembre del próximo año.  Exactamente a un año de lo que promete ser una cerrada y emocionante contienda, tanto la Alianza por Chile—la principal coalición de partidos de derecha—como la Concertación por la Democracia—la principal coalición de partidos de izquierda—empiezan a barajar los nombres de los posibles candidatos a sustituir a la socialdemócrata Michel Bachelet en la presidencia de Chile.

El acaudalado empresario Sebastián Piñera tiene virtualmente asegurada la candidatura presidencial por parte de la derechista Alianza por Chile, mientras que por la coalición gobernante hay al menos dos aspirantes que tendrían que enfrentarse en una primaria.  Piñera, que fuera candidato presidencial hace tres años cuando Michel Bachelet lo derrotó en la segunda vuelta, aparece en primer lugar en todas las encuestas, aventajando por más de 10 puntos porcentuales a posibles candidatos de la Concertación, como el ex Presidente y demócrata cristiano Eduardo Frei y el Secretario General de la OEA y socialdemócrata José Miguel Insulza.

La elección del próximo año resulta sumamente relevante porque todo parece indicar que la derecha regresará al poder por primera vez desde 1990.  Desde aquel año, Chile ha sido gobernado por la Concertación—una coalición política de partidos de centro e izquierda que nació originalmente como un bloque unido para oponerse a la continuidad del régimen militar del General Augusto Pinochet, que gobernó Chile con mano dura desde 1973.  Tras 18 años en el poder, la Concertación se ha convertido en blanco frecuente de críticas y acusaciones por aparentes prácticas de corrupción.  Esta situación, aunada a los efectos de la crisis financiera global y a la tremenda caída internacional de los precios del cobre y de productos agrícolas, parecen estar generando una “tormenta perfecta”, que podría poner fin a dos décadas de inimaginable crecimiento económico e importantes avances democráticos en el país que hoy por hoy es la envidia de toda América Latina.

¿Estamos entonces ante el fin de una era?  Me parece que sí, y no sólo eso, estamos ante lo que pronto se podría convertir en una nueva ola de gobiernos de derecha en la región.  Este escenario es sumamente delicado porque sugiere la caída del único gobierno auténticamente social demócrata en América Latina—es decir, un gobierno democrático de izquierda libre de la influencia de caudillos neo-populistas como en Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela. 

¿Por qué es preocupante esta situación?  Porque mientras la Concertación podría perder en Chile, Tabaré Vázquez y su Frente Amplio aparecen con índices muy bajos de aprobación en Uruguay y Luiz Inácio Lula da Silva y su Partido del Trabajo se tambalean ante una serie de escándalos de corrupción en Brasil.  En una de las regiones más pobres del mundo, donde la desigualdad es cada vez más grotesca, una nueva ola de gobiernos de derecha augura malos tiempos para la región; sin embargo, gracias a la solidez de la democracia de estos países, los ciudadanos podrán castigar a los malos gobernantes votando por la oposición en la siguiente elección.  Es por esto que el posible fin de una era en Chile también nos sirve para recordar las virtudes de la democracia liberal.  Al fin y al cabo no importa tanto si gana la derecha o la izquierda, lo que importa es que gane la democracia y la certidumbre electoral.

¡Buen Provecho!

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Grecia

8 12 2008

Menú: Pare empezar un poco de tzatziki con pan de pita, queso frito saganaki y hojas de parra rellenas de cordero.  De plato fuerte pollo y carne souvlaki con berenjenas a un lado.  De postre pedacitos de baklavá y un café griego bien cargado.

El pasado domingo 7 de diciembre varias ciudades de Grecia fueron escenario de disturbios, después de que la policía matara a tiros a un adolescente en Atenas.  Los disturbios, ya considerados como los peores desórdenes civiles en el país desde 1985, comenzaron la noche del sábado poco después de la muerte del joven en el central distrito de Exarchia, donde adolescentes lanzaron bombas molotov a la policía y quemaron decenas de vehículos.  Las manifestaciones rápidamente se extendieron a la segunda mayor ciudad del país, Tesalónica, y a islas como Creta y Corfú, donde las protestas dejaron docenas de tiendas comerciales destruidas.  La situación se agravó tanto que el Ministro del Interior, Prokopis Pavlopoulos, se animó a ofrecer su renuncia, la cual inmediatamente fue rechazada por el Primer Ministro Costas Karamanlis.

¿Por qué en Grecia la muerte de un joven fue capaz de desatar una enorme ola de protestas en contra del gobierno en menos de 24 horas?  El pasado reciente de Grecia nos ofrece algunas pistas.  En noviembre de 1973, durante el gobierno de la Junta Militar que impuso una dictadura en Grecia de 1967 a 1974, estudiantes de la Universidad Politécnica Nacional de Atenas se encerraron en el campus para formar barricadas e instalar una emisora de radio desde la que llamaron a la rebelión.  El 17 de noviembre, el gobierno dio la orden de entrar en el campus por la fuerza.  Un tanque rompió la puerta principal y abrió fuego indiscriminado causando la muerte de al menos 28 estudiantes y finalizando violentamente la rebelión.  Este episodio marcó el declive del la Junta Militar y dejó una profunda cicatriz en la sociedad griega.  De hecho, esta cicatriz es tan profunda que hasta la fecha los griegos consideran el 17 de noviembre como un día de asueto,  donde cada año miles de jóvenes y trabajadores salen a manifestarse en las principales arterias del país para recordar los sangrientos eventos de 1973.

Es precisamente porque la memoria de la masacre del Politécnico está tan fresca en la mente de los griegos que el asesinato de un joven este fin de semana desató semejante ola de protestas en todo el país.  En países donde en el pasado reciente militares o policías han asesinado a personas inocentes, es normal ver que manifestantes—sobre todo jóvenes—salgan a las calles a exigir justicia.  La memoria colectiva es una virtud sumamente importante en cualquier país con una historia de represión, ya que permite a nuevas generaciones recordar el pasado para prevenir que las mismas tragedias se repitan en el presente.  Estas manifestaciones no tan espontáneas las hemos visto una y otra vez en países como Argentina y Chile, donde también regímenes militares asesinaron y desaparecieron a cientos de personas que se oponían a su gobierno, o que simplemente pensaban diferente a ellos.  Lo que no se puede permitir es que estas manifestaciones se conviertan en actos de vandalismo.  Exigir justicia tras la muerte de un joven no justifica ningún acto de violencia en contra de personas inocentes.  Recordemos y exijamos justicia, con todo el peso de la ley, pero sin generar más violencia.

¡Buen Provecho!

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Congo

1 12 2008

Menú: De entrada camarones frescos para pelar.  De plato fuerte pollo Muamba con arroz y plátanos fritos.  De postre licuado de mango y un té negro bien cargado.

El líder rebelde tutsi de la República Democrática del Congo, Laurent Nkunda, amenazó el sábado 29 de noviembre con declarar la guerra a Kinshasa a menos de que el gobierno del Presidente Joseph Kabila acceda a sostener negociaciones directamente con él.  Nkunda, un ex General del Ejército del Congo, renunció a su cargo en 2004 para lanzar una rebelión con el pretexto de proteger a los tutsis de las milicias hutu, que buscaron refugio en el Congo después del genocidio de 1994 en Ruanda.  Esta tragedia humanitaria, tal vez la peor del continente africano en los últimos 20 años, dejó más de 500 mil muertos, en su vasta mayoría miembros del grupo étnico tutsi.

Nkunda, cuyas fuerzas han vencido en repetidas ocasiones a las tropas de Kinshasa y han ganado control de gran parte del territorio en la provincia oriental de Kivu del Norte, ha demandado en repetidas ocasiones sostener negociaciones con el Presidente Kabila.  El problema es que Kabila insiste en que antes de entablar cualquier tipo de diálogo con Nkunda, éste último debe cumplir con un pacto de paz firmado en enero, el cual establece el cese al fuego en la región.  Mientras tanto, la situación humanitaria se agrava, ya que más de 200 mil personas viven desde hace varias semanas en la selva del Este del Congo por temor a actos violentos de los soldados o de los rebeldes.  Pese a que actualmente patrullan la región más de 20 mil cascos azules de las Naciones Unidas, éstos no se dan abasto para controlar un territorio de casi 60 mil kilómetros cuadrados, donde la precaria situación humanitaria no deja tiempo para combatir las fuerzas rebeldes de Nkunda.

Como en la mayoría de los conflictos en África, la actual rebelión del Congo se puede explicar invocando el pasado colonial del continente.  La demarcación arbitraria de fronteras, la explotación indiscriminada de recursos naturales y la invención de grupos étnicos con fines políticos; son tan solo tres de muchos obstáculos que enfrenta el continente africano.  En el caso del Congo, la primera gran crisis surgió inmediatamente después de que Bélgica le otorgara su independencia en 1960, debido a la falta de acuerdos entre políticos congoleses y a la presencia de movimientos secesionistas en las regiones más ricas del territorio.  Esta crisis se extendió hasta 1965, cuando Joseph Mobutu ascendió al poder y se convirtió en el primer líder congolés capaz de controlar el territorio del doceavo país más grande del mundo.  Autoritario, megalómano y hasta cleptómano, Joseph Mobutu gobernó y saqueó al Congo hasta 1997, cuando las fuerzas rebeldes de Laurent Kabila, padre del actual presidente Joseph, lo derrocaron y dieron inicio a la Primera Guerra del Congo.  A esta guerra la siguió la Segunda Guerra del Congo, que se extendió hasta 2003 y dejó como resultado casi 4 millones de muertos.

El legado colonial, la volatilidad de la región, la violencia generada por la abundancia de recursos naturales y una serie de conflictos étnicos y tribales; se han convertido en una verdadera bomba de tiempo en el corazón de África.  El problema es que el mundo no se puede dar el lujo de permitir que un país con tantos recursos naturales y con un territorio tan extenso se hunda en una nueva guerra civil.  Mientras el planeta entero sigue buscando remedios para salir de la actual crisis financiera, el Congo se hunde en su propia miseria y el resto de África tiembla.

¡Buen Provecho!

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Venezuela

23 11 2008

Menú: De entrada unas arepas rellenas de queso.  De plato fuerte un pabellón criollo con carne machacada.  De postre un delicioso dulce de lechosa con un café bien cargado.

Los resultados de las elecciones regionales del domingo 23 de noviembre podrían redibujar el mapa político de Venezuela.  En estos comicios 8 mil 294 candidatos se disputarán un total de 603 cargos, entre los que destacan 22 gobernadores, 223 legisladores regionales, 328 alcaldes—incluido el Alcalde Mayor de Caracas (equivalente a una gobernación)—y 20 concejales.  La importancia de esta jornada radica en que durante la campaña electoral el Presidente Hugo Chávez convirtió estos comicios en un referendo sobre su liderazgo, lo que sugiere una nueva prueba de fuego para su proyecto socialista.

Hasta unos días antes de la elección, los analistas pronosticaban que el oficialismo retendría la mayoría de los 22 estados en disputa; sin embargo, la elección podría resultar sumamente reñida en un puñado de distritos con una alta carga simbólica.  Entre estos distritos sobresale la noroccidental región de Zulia, que desde el ascenso de Chávez a la presidencia no sólo se ha destacado como un bastión opositor de su gobierno, si no que desde hace más de 50 años alberga gran parte de la enorme producción petrolera del país.

Una victoria contundente de Chávez, ya sea asegurando Zulia o logrando que sus candidatos se impongan en otros estados en manos de la oposición, le daría la fuerza necesaria para volver a impulsar una reforma constitucional que le permita permanecer en el poder indefinidamente.  Además, una victoria ayudaría a Chávez a sobreponerse de su primera derrota en la urnas desde que ganara la presidencia en 1998, después de que el año pasado los venezolanos rechazaran sorpresivamente una serie de modificaciones a la carta magna que buscaban abrir la puerta a una dictadura electoral.

Para la oposición, que sufrió la inhabilitación de algunos de sus mejores candidatos, una victoria significaría recuperar algunos de los estados oficialistas que perdieron hace una década, como el industrial Carabobo o el populoso Miranda.  Desafortunadamente la hazaña se antoja sumamente complicada, ya que durante la campaña electoral Chávez recorrió frenéticamente el país para pedir el voto por sus candidatos, argumentando que el futuro de su revolución socialista está en riesgo y por lo tanto votar en su contra sería una traición a la patria.  Además, sin mayor preocupación por las consecuencias de sus declaraciones, Chávez amenazó con sacar los tanques a las calles” en caso de que alguno de sus candidatos perdiera en las elecciones y con encarcelar a todo rival que no acepte su derrota.

Independientemente del resultado final de la votación, que seguramente terminará favoreciendo al gobierno de Chávez, la jornada del domingo 23 de noviembre demuestra que las elecciones son un arma de dos filos.  Así como Chávez llegó a la presidencia en unas elecciones históricas en 1998, acabando con la hegemonía bipartidista que gobernó Venezuela por 40 años,  es ahora el mismo Chávez que se dispone a través de un proceso electoral a colocar el último clavo en el ataúd de la democracia venezolana.  ¿Será posible que la democracia contenga las semillas de su propia destrucción?

¡Buen Provecho!

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El Oso Rumbero

15 11 2008

Menú: Para empezar una sopa de remolacha con carne.  De plato fuerte, blinis de caviar rojo acompañados de salmón ahumado. Para terminar, prianikis con miel y rellenos de chocolate. De aperitivo, vodka congelado, sin mezclarlo con alguna otra bebida.

El pasado 7 de noviembre, el vicepresidente de la firma rusa Gazprom, Alexandr Medvedev, y el viceprimer ministro ruso, Igor Sechin, acompañaban en Venezuela al presidente Hugo Chávez en el comienzo de operaciones de Urdanetagazprom, una sociedad con la paraestatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) fundada con el objetivo de extraer gas natural de las costas bolivarianas.  Mientras tanto, entre el 9 y el 15 del mismo mes, el presidente de Bulgaria, Georgi Parvanov, se reunía con la presidenta argentina, Cristina Fernández, y con su homólogo mexicano, Felipe Calderón, con el objetivo explícito de estrechar lazos económicos con ambas naciones, sobre todo en materia energética.  ¿A qué se debe el creciente interés de Rusia y Bulgaria en la región?

En el caso de Rusia, el dúo dinámico Medvedev-Putin está claramente aprovechando el espacio que le ha abierto el gobierno venezolano en América Latina, para así contrarrestar con mayor presencia en la región el reciente acuerdo militar entre Washington, Varsovia y Praga, que tiene como objetivo principal la instalación de un escudo y un radar antimisiles en territorio polaco y el checo respectivamente.  Ahora bien, en el caso de Bulgaria la historia no es tan distinta.  En el continente Europeo es bien sabido que el presidente búlgaro es un incansable peón del dúo dinámico Medvedev-Putin, por lo que a través de su gira por Argentina y México el presidente Parvanov simple y llanamente busca extender la causa rusa en la región, a cambio de seguir recibiendo apoyo económico y político por parte de Moscú en la antesala de las elecciones parlamentarias programadas para celebrarse en Bulgaria el próximo 14 de junio.

Lo más preocupante del creciente interés de Moscú en América Latina es el próximo arribo de una flota rusa para efectuar maniobras aeronavales conjuntas en el Mar Caribe.  A esas operaciones acudirán las Fuerzas Armadas de Venezuela con algunos de los equipos militares rusos adquiridos por Chávez en los últimos tres años y valuados en más de 4.500 millones de dólares.  Además, Chávez ha visitado Rusia una docena de veces en los últimos 10 años y Caracas se ha convertido en el destino o escala frecuente de los altos mandos rusos que visitan la región.

Esto es preocupante porque ante la incertidumbre generada por la actual crisis económica, la tentación de recibir inversiones multimillonarias rusas o búlgaras en países como Argentina, México y Venezuela podría derivar en que América Latina se convierta en el principal campo de batalla de una nueva Guerra Fría entre Washington y Moscú.  Ante esta disyuntiva, los cancilleres latinoamericanos no pueden permitir que la tentación de recibir millones de dólares en capitales frescos comprometa sus relaciones comerciales con los Estados Unidos; un aliado que nos guste o no influye de manera más directa en la región.

Con un poco de prudencia podemos evitar terminar bailando rumba con la más fea; con el oso ruso y sus aliados, que con dinero fácil adquirido durante la reciente bonanza petrolera nos pueden meter en un verdadero problema en la región.

¡Buen Provecho!

la_sobremesa@hotmail.com





Why War is Always Unjust

15 11 2008

When the Bush administration justified the 2003 Iraq War as an act of preemptive self-defense, many experts received the news with understandable skepticism.  How can the right of self-defense—arguably the best case for justifying aggression—be legitimately invoked when no prior aggressive attack had occurred and there was no evidence that one was imminent?  This question, much debated in the months leading up to the war, invites us to reflect critically on the content of the right of self-defense.  Yet there is a deeper question to be asked about the idea of war as self-defense: how is it that war can be considered an act of self-defense at all?  In what follows I will argue that aggression cannot be justified even in terms of self-defense.  If successful, this argument will debunk what stands until today as the strongest case for justifying aggression; thus suggesting that aggression is always unjust.

A common analogy used to justify aggression in self-defense is that a nation has a right to use military force in national defense in the same way that an individual who is attacked has the right to kill in self-defense.  In order to support such a claim it is necessary to begin with a proper understanding of the right of self-defense.  Self-defense is partly grounded on the normative relationship between the defender and the end of his action, but it is also grounded on the fact that the end he is seeking to protect is good enough to merit harmful acts in its defense.  This gives rise to Walzer’s three most significant limitations to the right of self-defense: proportionality, necessity, and imminence.  Walzer roughly argues that an act of self-defense is only justified if (1) the harm inflicted in the course of defense is not greater than the harm it seeks to avert; (2) there was no less-harmful way to achieve the same result; and (3) the harm one seeks to avert is truly imminent.  This line of reasoning can reveal much about the operation of the right of self-defense and its limitations; however, it leaves unanswered the fundamental question concerning the justification of that right: why is it that defenders are morally entitled to kill aggressors in situations of self-defense, despite the fact that we think that the right to life is universal and thus presumably also held by aggressors?

Probably the best way to justify self-defense is through an account of the interaction of rights in situations of violent conflict.  In brief, when a defender justifiably kills a homicidal aggressor in self-defense, the aggressor no longer has the right not to be killed, and the reason for this is that the aggressor is morally at fault for the attack, while the defender is innocent.  Understanding self-defense in this way, however, has significant consequences when it comes to extending the notion of self-defense to one of national defense capable of justifying war.  For example, it is an open question as to whether national defense is properly conceived as a right held by and against individuals, or by and against states.  This, in turn, generates two potential strategies for vindicating a right of national defense.  The first is a strategy that seeks to explain national defense as a special application of the right of personal self-defense; the second is an analogical strategy that takes seriously the idea of nation-state rights and tries to account for them through an analogy with the personal right of self-defense.

I argue that the first strategy—usually referred to as the “reductive strategy”—in its purest form is a clear failure.  Soldiers engaged in a defensive war enjoy a set of permissions that extend far beyond the rights of personal self-defense.  They may, for example, kill uniformed soldiers not engaged in combat.  Moreover, an army fighting a defense war may engage in a sustained counteroffensive, which would be difficult if not impossible to view as a case of personal self-defense on the part of the soldiers.  But the so-called “reductive strategy” can be interpreted more broadly.  One important element of any justification of national defense is that of proportionality.  Perhaps individuals are not the subjects of the right of national defense, but defending their lives may nonetheless be its end.  I argue, however, that this line of reasoning runs contrary to the way the right of national defense is usually conceived in just war theories such as Walzer’s, for a state can have a right of national defense even when the lives of none of its citizens are threatened—as in the case of bloodless invasions (e.g., Iraq’s invasion of Kuwait in 1990).  Thus, the end of national defense cannot be constructed in purely personal terms, for national defense may be justified even when the lives of no citizens are threatened by an act of aggression and even where more citizens would be threatened by fighting a war than by not fighting it.

 Perhaps the analogical strategy fares better in providing an account of the end of national defense.  After all, it is natural to regard war as a means to protect the value inherent in what we might call the “common life” implicit in a state or nation.  The challenge here is to provide an interpretation of the value of the common life in such a way that it could function as grounds for a right of national defense.  The task is not an easy one, for the account must be parsimonious enough to ground a right for all states irrespective of their constitutions, yet it must still identify an objective good of sufficient value to ground a universal right of aggression in self-defense.  Walzer indicates an interesting solution to this problem, claiming that it is not the character of a nation’s common life per se that merits defense and protection, but rather a people’s collective autonomy that underlies the national character.  Can such a value ground a right of national defense for states, given that most states are not identical and many states are in relationships of antagonism with one another?

This difficulty arises from attempting to reconstruct just one aspect of the supposed right of self-defense—that is, having an end clear and conclusive enough to satisfy Walzer’s requirement of proportionality.  Yet equally grave challenges face the supporter of self-defense when it comes to explaining the remaining constitutive elements of the right.  The best example of this latter point is a case in which the object of the right of national defense is considered an aggressor state, which requires an explanation of why possessing a right of defense against the aggressor state entails possessing a right to kill the soldiers of this state.  This becomes more clear when we realize soldiers are themselves moral subjects that can only be alienated through some action for which they are normatively responsible.  I argue that this will require us to abandon the traditional just war claim that soldiers are not morally responsible for participation in an unjust war as long as they fight in accordance to the tenants of jus in bello.

The main difficulty with vindicating the domestic analogy between self-defense and national defense stems from the complexities inherent in the two levels of war—that is, in the duality between war as relation among persons and war as relation among states.  This suggests that a basic task of war ethics is to explain how the rights and values of states are related to the rights and values of individual persons, and how we should resolve value conflicts between them.  Thus far, however, this question has been obscured by an approach that treats states as though they were individuals.  Rejecting the methodological primacy of the domestic analogy invites us to reconsider the foundational elements of extant moral theories of just war.  Until then, not even the strongest case for aggression—self-defense—can be considered a reasonable justification for war.





Contrastes

8 11 2008

Menú: un café, tal vez un té, y nada más.

La noche del pasado martes 4 de noviembre, mientras el mundo entero esperaba ansiosamente conocer el resultado de la elección presidencial en los Estados Unidos, la Ciudad de México se paralizaba ante el desplome de un jet privado en una de las colonias más céntricas y concurridas de la capital.  Pocas horas más tarde, ya casi llegada la media noche, los medios norteamericanos anunciaban que el ganador de esa fatídica jornada electoral había sido el Senador por Illinois, Barak Obama.  Mientras tanto, en la Ciudad de México, el vocero de la Presidencia de la República, Maximiliano Cortázar, confirmaba la muerte del Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo.  Mientras el mundo entero celebrara la elección del Senador Obama como presidente de los Estados Unidos, en México la muerte de Mouriño Terrazo generaba una ola de miedo y de confusión.

El discurso del Senador Obama esa histórica noche fue uno de los momentos más bellos de la última década, tal vez de los últimos cincuenta años.  El marco de su discurso fue perfecto: casi cien mil almas se reunieron esa noche en el Parque Grant de Chicago, un sitio que en los años sesenta fue testigo de protestas y manifestaciones en favor de extender derechos civiles y políticos a ciudadanos de raza negra en los Estados Unidos.  El discurso del Presidente de México esa sombría noche fue uno de los momentos más tristes en la historia reciente de este país.  El marco de su discurso fue estremecedor: un puñado de periodistas confundidos por los hechos se reunían improvisadamente en el Hangar Presidencial del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.  Mientras las palabras del Senador Obama hacían soñar a millones y aplastaban una a una más de tres siglos de segregación y racismo, las palabras del Presidente Felipe Calderón inmutaban al país entero y provocaban escalofríos.  El primero celebraba con el mundo entero la elección del primer presidente de raza negra en la historia de los Estados Unidos, el segundo contenía las lágrimas ante la pérdida de su amigo.

La mañana del 5 de noviembre el Senador Obama se despertó temprano para planear con sus asesores la sucesión presidencial.  El grato recuerdo de la noche anterior le servía de acicate para trabajar más fuerte que nunca y enfrentar el enorme reto que le espera como presidente de los Estados Unidos.  Esa misma mañana el Presidente Calderón se despertó temprano para enfrentar la cruda realidad que supone la muerte de su amigo. El amargo recuerdo de la noche anterior le servía para trabajar más fuerte que nunca y enfrentar el enorme reto que enfrenta como presidente de México.  Esa misma tarde el Senador Obama intentaba a través de un sobrio discurso bajar las expectativas tan altas generadas por su campaña electoral, mientras el Presidente Calderón prometía esclarecer lo antes posible y con total transparencia las razones que provocaron el trágico accidente.  El primero entendía perfectamente las condiciones adversas que presenta la actual coyuntura económica y política de los Estados Unidos, el segundo se daba cuenta de que no puede haber marcha atrás en la lucha contra el narcotráfico.

Contrastes…esta semana ha estado llena de ellos; de sentimientos encontrados, de plazos que se cumplen y de promesas rotas.  Enhorabuena la elección del Senador Obama como Presidente de los Estados Unidos; descanse en paz el Licenciado Juan Camilo Mouriño Terrazo, Secretario de Gobernación de México.

¡Buen provecho!  Aunque a veces la realidad sea difícil de digerir.

la_sobremesa@hotmail.com





Why Capitalism is Essential to Democracy

8 11 2008

Capitalism is essential to democracy for at least one empirical reason: there has never been a democracy without a market economy.  To make this point clear, first it is necessary to explain how capitalism differs from socialism.  While capitalism is a system of production based on market forces and private ownership; socialism is a system of production based on state control and public ownership.  Assuming these definitions are accurate, even an often-cited “socialist” country like Sweden (even in the heyday of the Swedish Social Democratic Party) would have to be considered a capitalist country.  The confusion here is one between production and distribution.  Sweden, like most other Northern European democracies, has developed a very generous welfare state—that is, a very elaborate system of distribution and redistribution of wealth.  This welfare state, however, even in its Scandinavian apotheosis, continues to rest on a capitalist system of production, as only the affluence created by the latter makes the welfare state possible.  Thus, contrary to what some experts have argued, Sweden is not a socialist democracy, but yet another variation of democratic capitalism.

The main question here is whether there can be a market economy without private property, or, put differently, whether there could be such a thing as “market socialism”—a system in which the most important enterprises remain publicly owned while competing with one another under market forces.  In fact, at different points in the second half of the twentieth century both Yugoslavia and Hungary experimented with a form of “market socialism”; however, almost two decades after the end of the Cold War, it is clear that these experiments failed, forcing both countries to embrace capitalism and integrate their economies with the rest of Europe.  What accounts for this failure?  The fundamental reason is that the success of entrepreneurial ventures and the security of financial controls over these risks (say, a person starting a business and a banker loaning this person the necessary capital for this venture) depend heavily on the will of private owners, less because of the joys of ownership than because of the control that ownership bestows when it is legally secure.  For this reason, the manager of a socialist enterprise who is told by his superiors to act as an entrepreneur is in fact being asked to do the impossible or at best the highly improbable—to stimulate capitalist entrepreneurship.  In practice this does not work; what does work is to open up sectors of a socialist economy to private capital.  This is precisely what has happened in China and India since the 1980s, where the capitalist sectors of the economy have developed such dynamism that they have gradually replaced the much-less productive socialist sectors.

The discussion above suggests that while capitalism is a necessary though not sufficient condition for democracy, democracy is not a precondition for capitalism.  Capitalism is necessary for democracy because it provides the necessary social space for individuals, groups, and entire institutions to develop independently from state control.  In other words, capitalism creates the space and opportunities necessary for the development of civil society.  Conversely, the empirical correlation between socialism and autocracy can be explained precisely by the absence of social space and civil society.  To achieve this effect, needless to say, it does not matter whether the original capitalist class is or is not inspired by democratic ideals, for it is the consequences of capitalism, not its motives, that can eventually open space for democracy and democratic institutions.

The same sociological perspective goes a long way in explaining the democratizing effects of sustained and successful capitalism.  When well implemented, capitalism can open a social space for civil society, which in turn allows for political organizations to spring independent from the state, its official party, and the government-sponsored labor unions.  Conversely, since socialism makes widespread affluence less likely, it tends to close the social space necessary for the development of democracy.  At this point, it is important to understand that the undemocratic effects of socialism are structural in origin, and not just the result of some contingent variety of Marxism.  While Marxist conceptions of society as an all-embracing fraternity or the Communist Party as the infallible embodiment of historical forces have certainly served to legitimate autocratic regimes and to inspire their cadres, socialism makes democracy highly unlikely even in the absence of such ideas.  The reason behind this outcome is pretty straightforward: although socialist utopias have risen to defend the control of the economy by independent associations of producers, these have remained just that: utopias that are empirically unrealizable except perhaps in small voluntary communities such as the Israeli kibbutzim.

Given the complex nature of a modern or even a modernizing economy, socialism must invariably mean state control of the economy.  In other words, in a truly socialist country, the state, not the market, is regarded as the only viable mechanism to coordinate the economy and control society.  But because of modern technology, the state is already a fearsome agglomeration of power.  Even the most restrained, democratic state today has more power at its disposal than the most efficient autocratic regime of pre-modern times.  Thus, to give the modern state direct control over the economy—that is, control over the very livelihood of all or most of its citizens—is to bring about a quantum leap in state power.  Such extensive power is difficult if not impossible to reconcile with democratic values.

To make this latter point clear, another relevant point may be added.  Socialism, as conceived by Karl Marx, can only be established by a titanic act of expropriation.  Yet, given the current conditions of human life in society, it is reasonable to expect individual property to spring up again even after a massive act of expropriation.  This entails that the socialist expropriation of private property cannot be a single, isolated event; but that, to succeed, it must be repeated over and over again, most likely through coercion and the use of force.  As such, socialism would require the eternal vigilance of society, which in turn would make constant expropriation of private property a source of endless conflict, as those who are to be expropriated would be free to organize and resist.  Taken together, these points make clear that socialism and its redistributive project based on massive expropriation can only be accomplished in an autocratic regime, not in a full-fledged democracy.

Once we grasp these basic structural facts about modern societies, all talk about a third way between capitalism and socialism stands revealed as nonsensical.  There is no such thing as a socialist democracy.  There are, to be sure, variations of capitalism, as there have been variations of socialism.  And if one prefers to speak of a “mixed economy,” every existing economy is “mixed” in the sense that it exhibits some combination of market forces and state regulations.  Thus, the terms capitalism and socialism continue to be appropriate and useful.  They refer to the two major alternative forms of economic organization since the turn of the twentieth century; however, as I have tried to explain, these terms must not be taken as absolutes, but rather as “ideal types” that approximate but do not fully represent empirical reality.  For this reason, I suggest thinking about these terms as constituting the two extremes of a continuum, where the two extremes are empirically inexistent and where in the middle it may be occasionally difficult to decide which term to apply.

Thus, to recapitulate, social democracy, in the Scandinavian or any other form, is not an alternative model located somewhere outside the capitalist-socialist continuum; but a variation of capitalism that sees the redistribution of wealth as a priority and that regards economic equality as a desirable and realizable goal.  This is why capitalism is essential to democracy, despite the fact that democracy is not essential to capitalism.





América Latina y los Estados Unidos

2 11 2008

Menú: Más de lo mismo.

A tan solo unos días de celebrar elecciones generales en los Estados Unidos, resulta inevitable preguntarnos qué le depara el futuro a las relaciones entre este país y América Latina.  En lo que resta trataré de abordar brevemente los cinco temas que me parecen más importantes para el futro de la relación entre América Latina y los Estados Unidos, independientemente de qué candidato resulte ganador la noche del 4 de noviembre.

1. Migración.  Sobre este tema podemos esperar poco o ningún cambio al menos hasta el 2010, cuando el nuevo inquilino de la Casa Blanca haya logrado sortear la actual crisis económica y el panorama de la guerra en Irak sea más claro.  Desafortunadamente, es muy poco probable que el nuevo presidente de los Estados Unidos cambie la actual política migratoria, que trata a la migración como un tema de seguridad nacional en vez de tratarla como un tema económico o social.  Por lo tanto, en tres o cuatro años tal vez veamos la aprobación no de la reforma necesaria o deseable, si no de la reforma posible: más de lo mismo.

2. Libre comercio.  Independientemente de quién resulte ganador en la elección presidencial, un congreso compuesto por una mayoría Demócrata logrará frenar la ratificación de los acuerdos comerciales suscritos con los gobiernos de Colombia y Panamá al menos hasta el 2010.  Sin embargo, esto de ninguna manera quiere decir que Washington buscará renegociar los actuales tratados de libre comercio con México y Centroamérica.  Esas amenazas no son más que habladurías de campaña política y lo demás es puro cuento.

3. Izquierdas.  La relación de los Estados Unidos con los gobiernos más radicales de izquierda en América Latina difícilmente sufrirá algún cambio durante la próxima administración.  La razón es que líderes populistas como Hugo Chávez, Rafael Correa y Evo Morales tienen mucho más que ganar culpando de todos sus males a los Estados Unidos que forjando una alianza con su peor enemigo”.  Al mismo tiempo, la cancillería americana difícilmente permitirá que su presidente quede expuesto a insultos o agresiones en una gira innecesaria por estos países.  Por lo tanto, en este frente, al igual que en migración y libre comercio, podemos esperar más de lo mismo.

4. Narcotráfico.  Conforme la violencia generada por el narcotráfico siga escalando al sur del Río Bravo, la llamada Guerra Contra las Drogas” adquirirá mayor relevancia en Washington.  Las granadas arrojadas contra el consulado de los Estados Unidos en Monterrey hace un par de semanas fueron tan solo la primera llamada, y la poca tolerancia del gobierno americano ante ataques contra sus ciudadanos e intereses es bien conocida por todos.  La necesidad de tomar medidas más enérgicas contra el narcotráfico muy probablemente derivará en importantes decisiones durante los primeros dos años del nuevo gobierno.

5. Cuba.  Si el senador John McCain resultara electo presidente de los Estados Unidos podríamos esperar poco o ningún cambio en la relación bilateral entre Washington y La Habana.  Ahora bien, si el senador Barak Obama resultara ganador, podríamos esperar algún tipo de acercamiento en los primeros dos años de su gobierno.  La razón principal sería la decreciente influencia que la comunidad cubana de la Florida tiene en el congreso americano, lo cual seguramente pondrá en la agenda la posibilidad de relajar aunque sea un poco el histórico embargo.

¡Buen Provecho!

la_sobremesa@hotmail.com

 

 





Conceiving Democracy as a Tradition

2 11 2008

Liberal political philosophers have often responded to the traditionalist critique of modern democracy in two ways.  First, they have advanced a theory of the modern nation-state as ideally neutral with respect to comprehensive conceptions to the good; second, they have proposed to establish political deliberation as the cornerstone of free public reason.  Not all liberal philosophers, of course, have committed themselves to advancing these doctrines; however, some traditionalists have been quick to take them as definitive conceptions of modern liberal democracy, denouncing modern democratic societies as the product of doctrinal error and vacuous secularism.  In order to reconcile liberal views of democracy with their traditionalist critics, I want to make an affirmative case for conceiving modern democracy as a tradition.  My goal, stated in Rawlsian terms, is to highlight the role of free public reason in a political culture characterized by conflicting comprehensive doctrines and their respective conceptions of the good.

Democracy, I shall argue, is a tradition.  As such, democracy inculcates habits of reasoning, attitudes towards deference and authority in political discussion, and love for particular goods and virtues.  In addition, democracy conceived as a tradition inculcates predispositions to respond with admiration, pity or horror to certain types of actions, events or persons.  In fact, democracy conceived as a tradition is anything but empty.  Its ethical substance, however, is not a matter of agreeing about a particular conception of justice in a Rawlsian sense, but a matter of identifying enduring attitudes, predispositions, and patterns of conduct.  Thus, the notion of state neutrality and the struggle between reason and tradition should not be seen as its defining remarks, at the same time as Rawlsian liberalism should not be seen as its official mouthpiece.

In the ancient world, democracy meant rule by a particular class; namely, the commons.  Nowadays, however, in its strictly political conception, democracy is a form of government in which the adult members of a society all have some share in electing rulers and are free to speak their minds in a wide-ranging discussion that rulers are bound to take seriously.  The public deliberation that is essential to this form of government is conducted at various levels, among which a congress or parliament is expected to deliberate not on its own behalf, but in response to a wider context of deliberation; one that is open to “the people,” to which the congress or parliament must be attending carefully.  This reference to a wider context of deliberation is what provides the link between democracy in its strictly political conception and democracy as a tradition.  In other words, by highlighting the significance of public deliberation, democratic political arrangements bring to light their symbiotic relationship to a surrounding culture in which the shared discursive practices of “the people” become of primary importance.

As a result, I argue that by engaging in discursive practices we become participants of a common democratic culture: a culture that is perfectible, indeed, but that needs to be defended against those who reject it for being “morally vacuous.”  To this end, I propose conceiving democracy as a tradition, based on particular forms of reasoning, predispositions, and attitudes: a tradition that binds “the people” together through public deliberation and discourse.  The primary aim of this project is to advance a pragmatic conception of the civic nation that focuses on activities held in common as constitutive of a democratic political community.  But the activities in question are to be understood in merely procedural terms; they are activities in which normative commitments are embedded as well as discussed.  Moreover, these activities are essentially substantive; they guide public discourse while simultaneously being in constant dispute, subject to revision, and not fully determinate.  They are initially implicit in our reasoning, rather than fully explicit in the form of philosophically articulated propositions.  Thus, in advancing this project, we must be careful not to reduce democracy to a determinate system of rules and principles.  In other words, because democracy has evolved and is likely to continue evolving in history, we must appeal to the historical category of tradition to bring democracy into focus.

Finally, in conceiving democracy as a tradition, special attention should be given to individuals in their capacity as citizens.  From this perspective, a citizen is someone who accepts some measure of responsibility for the current conditions of society and, in particular, for the political arrangements it makes for itself.  Thus, to adopt this perspective is to participate in the living moral tradition of “the people” understood as a civic nation.  Put differently, the continuing social process of holding each other accountable through public discourse is what I propose as the cornerstone of the conception of democracy as a tradition.  Moreover, given that central to democratic thought is the idea of a body of citizens who reason with one another about the ethical issues that divide them—especially when deliberating about the justice of political arrangements—it follows that a fundamental virtue of democratic people must be a form of ethical discourse; a way of exchanging reasons about ethical and political issues.  Thus, if anywhere, the conception of democracy as a tradition must reside in the virtuous practice of ethical discourse.

To conclude, by conceiving democracy as a tradition, not only can we elucidate what the proper role of tradition should be in a democratic society, but we can also show that tradition is a sufficient way of justifying current political arrangements.  Democracy, of course, is not only about public discourse and deliberation; however, until today, human beings have been unable to conceive a form of political life that generates more dialogue on the part of more people than does modern democracy.  This entails that it is only by conceiving democracy as a tradition that we can reconcile liberal views of democracy with their traditionalist critics, as our society can become the historical embodiment of deliberation, dialogue, and public discourse without giving up on liberal democratic values such as freedom, equality, and fraternity.  The challenge is a difficult one but certainly attainable.





Populismo

27 10 2008

Menú: Caldo de esperanza y ensalada de sueños. De plato fuerte un guisado de ilusiones y de postre un pastel de anhelos.

¿Qué es el populismo? A diario escuchamos a comentaristas, periodistas y expertos referirse a ciertos políticos como populistas. Desde Juan Domingo Perón hasta Getúlio Vargas, pasando por Lázaro Cárdenas y Víctor Raúl Haya de la Torre, éstos y muchos otros políticos latinoamericanos han sido acusados de gobernar de una manera populista. Desafortunadamente, este calificativo ha sido utilizado para describir a tantos líderes tan diferentes entres si, que la verdadera esencia de su significado se ha venido diluyendo con el tiempo. Tal es la confusión, que hoy en día no es posible saber si cuando acusamos a Hugo Chávez de ser populista lo hacemos por su manera “populsita” de hablar, por su política económica basada en el “populismo” o por sus programas sociales de corte “populist’’. ¿Cómo podemos diferenciar al populista del demagogo? ¿Del  socialista? ¿Del liberal? En lo que resta me presto a clarificar este concepto, para evitar así futuras confusiones en su uso y significado.

El populismo es una manera de gobernar y permanecer en el poder; no a una receta económica y mucho menos una ideología política. Populista es aquel político que consigue el apoyo de un gran número de personas de diferentes clases sociales; no el demagogo que busca llegar al poder con el apoyo exclusivo de los pobres o de los ricos. Populista es aquel carismático individuo que gobierna de una manera personalista; no el intelectual que busca construir su gobierno en base a una ideología. Populista es aquel mesías que dice gobernar para curar los males del pasado; no el idealista que ofrece un mejor gobierno a futuro basado en recetas probadas y fórmulas matemáticas. La falta de institucionalización y las masas difusas son las fieles acompañantes del populista; los partidos políticos y la doctrina son sus peores enemigos. Los hay de izquierda y de derecha, socialistas y liberales, demócratas y autoritarios; lo que importa no son las apariencias y mucho menos las afiliaciones, si no llegar al poder y permanecer ahí el mayor tiempo posible. 

En síntesis, el populismo es una manera de gobernar y permanecer en el poder con el apoyo de un gran número de personas de diferentes clases sociales, que al ser seducidas por el carisma y el personalismo del líder populista, lo identifican como el poseedor de la verdad absoluta y el salvador de todos los males del pasado. Los partidos políticos y las doctrinas le causan alergia porque le impiden gobernar para “el pueblo”; las ideologías tanto políticas como económicas se vuelven peligrosas porque lo limitan en su pragmatismo.

En base a esta definición política—y no económica o social—del populismo, Hugo Chávez, Rafael Correa, Cristina Fernández, Evo Morales y Álvaro Uribe podrían ser considerados populistas, no por su política económica y mucho menos por su política social, si no por su manera personalista de gobernar, con el objetivo principal de permanecer en el poder y con el pretexto explícito de que sólo ellos pueden vencer a los dragones que amenazan a sus respectivas patrias. Los Estados Unidos, el capitalismo, el Fondo Monetario Internacional, los latifundistas y las guerrillas; todo sirve para justificar el presente y planear el futuro; para consolidar un régimen de sueños y un gobierno de esperanzas.

¡Buen Provecho!

la_sobremesa@hotmail.com





Why We Cannot Decide on the Legal Permissibility of Abortion Without Taking a Stand on the Moral Status of the Fetus

27 10 2008

In Political Liberalism, John Rawls seeks a conception of justice that is political, not philosophical—that is, a conception that does not presuppose any particular conception of the person, autonomous or otherwise.  He proposes bracketing controversial moral and religious issues for the sake of securing social cooperation in the face of disagreement about ends, not for the sake of advancing a “comprehensive” view based on autonomy or individuality.  One objection to this kind of minimalist liberalism is that the case for bracketing a particular moral or religious controversy may partly depend on an implicit answer to the controversy it purports to bracket.  In the case of abortion, for example, the more confident we are that fetuses hold a moral status different from babies, the more confident we can be in bracketing the question about the moral status of fetuses for political purposes.

The Supreme Court’s argument in Roe v. Wade illustrates the difficulty of deciding constitutional cases by bracketing controversial moral and religious issues.  Although the Court claimed to be neutral on the question of the beginning of life, its decision presupposes a particular answer to that question.  The Court began by observing that Texas’ law against abortion rests upon a particular theory of the beginning of life, as it states that “Texas urges that…life begins at conception and is present throughout pregnancy, and that, therefore, the State has a compelling interest in protecting that life from and after conception.”[1] In accordance with Rawls’ minimalist liberalism, the Court claimed to be neutral on this question: “We need not resolve the difficult question of when life begins.  When those trained in the respective disciplines of medicine, philosophy, and theology are unable to arrive at any consensus, the judiciary…is not in a position to speculate as to the answer.”[2] To ground its argument on historical precedent, the Court concluded by pointing at the wide divergence of thinking on this difficult question, particularly in Western legal tradition and in the law of various American states.

The reasoning outlined above led the Court to conclude that “the unborn have never been recognized in the law as persons in the whole sense.”[3] Accordingly, it argued that Texas was wrong to embody in law a particular theory of life—that is, since no theory was conclusive, it held that Texas erred in “adopting one theory of life…[which would] override the rights of the pregnant woman that are at stake.”[4] However, contrary to its alleged neutrality, the Court’s decision presupposed a particular answer to the question it claimed to bracket:

With respect to the State’s important and legitimate interest in potential life, the “compelling” point is at viability.  This is so because the fetus then presumably has the capability of meaningful life outside the mother’s womb.  State regulation protective of fetal life after viability thus has both logical and biological justifications.

That the Court’s decision in Roe v. Wade presupposes a particular answer to the question it purports to bracket is no argument against its decision—only an argument against its claim to have bracketed the controversial question of the beginning of life.  Thus, contrary to its purported intention, the Court does not replace Texas’ theory of life with a neutral stance, but with a different theory of its own.

The Rawlsian case for neutrality is subject to a further difficulty: even given an agreement to bracket controversial moral and religious issues for the sake of social cooperation, it may be controversial to decide what counts as bracketing.  For its solution, this further controversy may require either a substantive evaluation of the interests at stake, or the autonomous conception of agency that Rawlsian liberalism resolves to avoid.  A useful hypothetical to illustrate this difficulty would be to consider turning abortion into a “states’ rights” issue in the United States.  In this case, we would agree that abortion is a controversial moral issue, but we would argue that the best way for the Court to bracket this controversy would be to let each state decide the question for itself.  We would propose, in effect, to bracket the controversy over abortion as Stephen Douglas proposed to bracket the controversy over slavery in the 1860s—by refusing to impose a single answer to the country as a whole.  Thus, despite agreeing that abortion is a hotly contested moral and political issue, we would argue that such issues in our society are to be resolved by the will of the people, either as expressed through legislation or through the general principles already incorporated into the Constitution.  Thus, if the Court did otherwise it would be giving up its neutrality—imposing yet again its own controversial choices of value upon individuals.

One response to the hypothetical presented above would be to urge that individual women should be the ones in charge of deciding the question about abortion for themselves.  In this case, for the Court to insist that women are free to choose for themselves would not be to impose the Court’s values, but simply to prevent local majorities from imposing their values on individuals.  Put differently, from this view no woman should be compelled to surrender her freedom to make that decision for herself simply because her “value preferences” are not shared by the majority.  Thus, in this case, the basic question would not be to decide which theory of life is true, but whether the “abortion decision” should be made by the individual or by the majority in the unrestrained imposition of its own, extraconstitutional value preferences.

What is striking is that both hypothetical ways of bracketing the abortion debate are in principle consistent with Rawls’ political liberalism, which suggests that the practical interest in social cooperation under conditions of disagreement about the good offers no grounds for choosing one over the other.  Even after agreeing to bracket an intractable moral or religious controversy for the sake of social cooperation, it may still be difficult to know what counts as bracketing and what does not.  Moreover, resolving that question—deciding between, for example, delegating the “abortion decision” to states or to individuals—requires either a substantive view about the moral and religious interests at stake or an autonomous conception of the person such as the voluntarist view affirms.  Both solutions, however, would deprive Rawls’ political liberalism from its attractive minimalism; each individual would implicate its putatively political conception of justice in precisely the moral and philosophical commitments that it seeks to avoid.  This is why it seems to me that it is not possible to decide on the legal permissibility of abortion without taking a moral stand on the status of the fetus.


[1] 410 U.S. 113 (1973).

[2] Id. at 159.

[3] Id. at 162.

[4] Id. at 163.





Cuba: Diplomacia Tropical

20 10 2008

Menú: Yuca con mojo, vaca frita con arroz congrí y patacones, y de postre, unos deliciosos casquitos de guayaba.  De tomar, ron añejo en las rocas y un ‘’buchito’’ de café con leche condensada. 

A dos años del ascenso de Raúl Castro a la presidencia de Cuba nos quedan más preguntas que respuestas.  ¿Estamos ante el inicio del tan ansiado proceso de democratización en la isla o ante la enésima consolidación del régimen autoritario construido por Fidel Castro? ¿La recientemente autorizada venta de teléfonos celulares, computadoras y electrodomésticos es el inicio de un nuevo capítulo en la historia económica de Cuba o un nuevo atavío para vestir a la misma dictadura caduca de siempre?  ¿La gira otoñal del canciller Felipe Pérez Roque por Europa es un verdadero paso hacia el respeto de los derechos  humanos en la patria de José Martí o un nuevo recordatorio de que los Castro siempre se salen con la suya?  En lo que resta trataré de contestar esta última pregunta.

Entre el 13 y el 17 de octubre el canciller cubano Felipe Pérez Roque emprendió una gira por Europa con la intención explícita de restablecer relaciones con Bruselas, tras un lustro en el que diferencias en materia de derechos humanos han sido un obstáculo clave para lograr vínculos diplomáticos entre Bruselas y La Habana.  Por su parte, Cuba exigió en un comunicado que Europa elimine su “posición común” sobre la isla, pero una fuente diplomática francesa—que preside el consejo de la Unión Europa desde julio hasta diciembre de este año—descartó que esto ocurra sin señales concretas de apertura política en Cuba.

 ¿Cuál es el verdadero fondo de este nuevo episodio de diplomacia tropical coordinado desde La Habana?  Me parece que la respuesta está en “las fuerzas de la naturaleza’’.  No, no me refiero a una inspiración divina que haya motivado un cambio de rumbo en la política de los Castro; me refiero a los huracanes Gustav y Ike, que entre el 30 de agosto y el 9 de septiembre azotaron a Cuba dejando daños valuados en al menos 4 mil millones de dólares.  La realidad es que el gobierno cubano no tiene el capital para reconstruir la isla y por lo tanto la población se encuentra al borde de una crisis humanitaria mientras el mundo entero entra en la recesión más profunda desde 1929.

 ¿Están dispuestos los Castro a ratificar y aplicar los pactos en materia de derechos humanos que le exige la Unión Europea para reestablecer relaciones diplomáticas?  Es poco probable, y los veintisiete jefes de estado europeos lo saben.  Sin embargo, el presidente español José Luis Rodríguez Zapatero y el francés Nicolás Sarkozy tienen buenas razones para seguirle el juego a los Castro.  Por su parte, Rodríguez Zapatero está presionado por un grupo de poderosos empresarios de la industria turística española preocupados por el futuro de sus inversiones en la isla después del paso de los huracanes; mientras que Sarkozy, ante su fracaso como mediador del conflicto veraniego entre Rusia y Georgia, está interesado en lograr un acuerdo suficientemente importante para dejar buenos recuerdos tras un semestre errático como presidente del consejo de la Unión Europea.

 ¿Cómo podemos esperar que concluya este nuevo episodio de diplomacia tropical entre La Habana y Bruselas?  Seguramente los Castro se saldrán con la suya y obtendrán suficiente apoyo económico europeo—sobre todo español y francés—para estabilizar temporalmente la crisis humanitaria en la que se encuentra la isla; pero nada más.  A partir de enero la República Checa ocupará la presidencia del consejo y es bien sabido que este país se opone rotundamente a reestablecer relaciones diplomáticas con La Habana sin antes resolver la situación de derechos humanos en la isla.  Además, mientras no se aclare el panorama económico mundial y se reestablezca la confianza en los mercados, los jefes de estado europeos estarán demasiado ocupados para atender a los diplomáticos cubanos, que en sus aparentes buenas intenciones esconden las verdaderas dimensiones de la crisis humanitaria que asota a la isla, las terribles contradicciones del régimen ‘’socialista’’ y sus temores ante las posibles consecuencias políticas y sociales de un nuevo ‘’período especial’’.

 ¡Buen Provecho!





Why Rawls’ Original Position is not a Good Model for Making Decisions

13 10 2008

The original position is a hypothetical situation wherein rational but mutually disinterested individuals—equally endowed with a sense of justice and concerned with furthering their own interests—select from behind a veil of ignorance the principles of justice applicable to society.  The veil of ignorance means that individuals in the original position are unaware of things such as their wealth, intelligence, social status or conception of the good.  As a result, they are unable to predict the effects that their decisions might have on their own lives.  If individuals in the original position, say, choose distributive principles that benefit some but disadvantage others, they cannot be sure whether they will be favored or disadvantage by their own decision.  Rawls argues that because of this uncertainty, individuals in the original position will select principles beneficial to all—that is, since no one is able to select principles designed in his or her own favor, individuals in the original position are in an initial position of equality and thus the principles they choose will be free from bias and the result will be a fair agreement.

It is important to note that the principles selected in the original position are neutral in relation to the various comprehensive views and conceptions of the good existing in any given society.  Rawls defines a conception of the good as “a general understanding of what should be valued in life.”  He states that the good is a more or less determinate scheme of definite final ends—that is, ends that one wants to realize for their own sake—as well as attachments and loyalties to particular individuals and institutions.  These attachments give rise to devotions and affections such that the flourishing of these persons and associations is also part of one’s conception of the good.  Moreover, Rawls explains that one’s understanding of what is required for human flourishing is connected to one’s comprehensive views about the world and one’s position within it by ascribing value and significance to various ends.  In other words, while individuals might have an interest in adopting principles that protect their ability to hold and advance some unspecified conception of the good; they are unable to either affirm or deny the truth of any particular conception and hence are forced to adopt a neutral position.

Political liberalism as understood by Rawls is also neutral with regard to the types of reasons that satisfy the principle of legitimacy.  Legislation that is justified by some comprehensive doctrine or conception of the good, for example, will generally not satisfy the requirements of public reason, since it would not be reasonable to expect citizens with contrary comprehensive views to acquiesce.  As a result, political liberalism requires the state to ensure that (1) all citizens have an equal opportunity to advance their own conceptions of the good and that (2) nothing is intentionally done to promote any particular doctrine above other.  In addition, Rawls claims that, due to its neutrality, political liberalism does not contain any ideas or principles that a reasonable comprehensive doctrine could not reasonably be expected to support and that it may be defended as a political conception without criticizing or rejecting someone’s religious or philosophical views.  He argues that there is no reason why citizens should not be able to simultaneously endorse both political liberalism and their own comprehensive belief.  A non-liberal comprehensive view, on the other hand, may endorse a particular conception of the good and emphasize values in addition to or other than those of liberty and equality.  Political liberalism defined as such, however, seems less palatable, less familiar, and less acceptable to holders of non-liberal comprehensive views than those who subscribe to liberalism.  Does this matter?  Rawls does not seem to think so.

Although Rawls states that all reasonable comprehensive views should be able to endorse political liberalism, this is simply not true.  Rawls fails to give sufficient consideration to the fact that political liberalism will vary in its degree of acceptability among different comprehensive views.  Political liberalism, as conceived through the veil of ignorance, is neutral on the conception of the good but gives special emphasis to the values of freedom and equality in adopting the two principles of justice.  At this point, a Rawlsian might observe that because political liberalism is neutral and it can be endorsed by all reasonable comprehensive views, one’s public reasoning on the basis of the values prescribed by political liberalism is also reasoning based upon one’s comprehensive view.  This cannot be the case, however, for comprehensive views with definite conceptions of the human good require that an individual’s practical reasoning conforms to the demands of the “good” life.  In other words, most conceptions of the good require individuals to act and reason in a certain way, at least in so far as they do not deny, disregard or degrade the various objects that constitute their own conception of the good.  Although Rawls states that political liberalism neither affirms nor denies the truth of any comprehensive view, it does take a definite position in that it asks people to refrain from referring to or relying on any conception of the good in (1) selecting principles to govern society in the original position and in (2) their public reasoning.  Thus, the constructivist approach adopted by Rawls implicitly denies the proposition that practical reasons must or ought to be guided by a particular conception of the good.

Because public reason asks individuals to refrain from referring to their own conception of the good in making decisions or acting with regard to constitutional essentials and matters of basic justice, at the same time as comprehensive conceptions of the good require that all personal acts be directed towards a particular conception of the good, it is impossible for a person to simultaneously endorse political liberalism and a particular, comprehensive conception of the good.  Put differently, in order to abide by the tenants of public reason, one must reject one’s own comprehensive conception of the good or, at the very least, ignore it when acting within the political domain.  Contrary to Rawls’ claim, therefore, it is not possible to defend political liberalism as a political conception without rejecting or at least curtailing citizens’ particular comprehensive views.  As a result, it is difficult to imagine citizens being able to “affirm the ideal of public reason, not as a result of political compromise, but from within their own reasonable doctrines.”  This also means that political liberalism’s neutral position is contrary to its own standards for it fails to adequately accommodate the fact of reasonable pluralism.

The idea of public reason governs the exercise of political power in relation to fundamental issues of justice.  The decision as to whether or not society and its constitution should be governed by principles selected in the original position falls within the realm of constitutional essentials and matters of basic justice.  It is unreasonable—by political liberalism’s own standards—for holders of liberal comprehensive views to endorse the liberal conception when it conflicts with their own conception of the good and despite the fact that it is much easier for people of the liberal persuasion to prefer this public conception over others.  Given the conceivable number and range of comprehensive views endorsing different conceptions of the good, it is not likely that political liberalism could ever generate a reasonable overlapping consensus in its support.  If this is the case, then political liberalism may be incapable of ensuring the stable political society envisioned by Rawls and thus unable to avoid the problems faced by justice and fairness.

Thus, despite the claims made by Rawls, political liberalism cannot be considered to be the most appropriate conception of justice for specifying the terms of social cooperation between citizens regarded as free and equal and as normal and fully cooperating members of a given society.  This means that the idea of public reason—as conceived and argued by Rawls—is inappropriate as a standard by which to judge the reasons offered in support of the exercise of power, which in turn explains why Rawls’ original position is not a good model for making decisions.





Why the Issue of People’s Moral Equality Remains Inconclusive

5 10 2008

If we cannot establish a normatively adequate theory of politics solely based on the notion of an approximate equality of strength, then the idea of equality has to be given an irreducible moral content.  This tentative conclusion introduces a second element in the debate about equality; namely, that equality means that all people are endowed with the same moral worth and hence are entitled to equal respect and consideration in the treatment of their interests.  Despite being associated with contemporary liberal thought, this idea has also been embraced by religious traditions such as Christianity, Islam, and Judaism, and advanced by philosophical currents such as the Stoicism and Confucianism; however, is it possible to derive any specific implications about the ordering of social relations from a principle endorsed by such varying philosophical traditions?  In my opinion, this question still remains largely unsolved and is likely to continue this way in the near future.

One issue at stake is defining the implications of pursuing greater equality.  Greater social equality in principle leaves open the question of what exactly is to be equalized: should it be resources, welfare or some other aspect of human life?  Independently of how we respond to this question, we must remind ourselves that the central justifications for equality claim that (1) the principle of equal moral worth places limits on the actions a state can pursue in relation to its people (e.g., it may privilege the interests of some at the expense of others), and that (2) a sense of personal moral worth depends on the political, social, and economic institutions in which people participate; yet, it is easy to see that regardless of the truth behind these claims, there is no simple way to ascertain the precise nature of their connection.  Suppose a state decides that the people’s sense of self-worth depends exclusively on the social institutions in which they participate. Thus, in this context, to live in poverty and social deprivation would entail a degradation of the people’s sense of self-worth.  As such, this latter example represents a serious challenge for the redistribution of social and economic resources, suggesting that the allocation of resources according to the institutions in which people participate can easily deprive people from their sense of moral equality.

A second challenge to the moral claims of the equality principle refers to the supposed disincentives to work generated by the process of redistributing wealth from the more productive to the less productive sectors of society.  On the one hand, this can be regarded as a pragmatic question in which policy-makers are entitled to define the right balance between greater productivity and greater equality.  I argue, however, that the issue of incentives also raises issues of principle, since, for example, one way to avoid disincentive effects would be to adopt a scheme of taxation based not on labor but on ability.  Although difficult to operate, such a scheme in principle would impose a tax on the more able—a tax that would require them to work in order to pay-off the tax.  This entails that the problem of work incentives can easily derive in greater problems by endowing equality with a sense of personal attachment, leaving unclear whether all people can be considered morally equal.

A third principle that is often set against that of equality is the principle of merit or desert.  This principle does present a direct challenge to equality, since it requires that goods be distributed in proportion to the merits of those receiving them—that is, with the most capable receiving the most institutional support in their practices.  I argue, however, that the notion of desert is not without its own problems.  In fact, it may be argued that its application only makes sense within the context of a particular, ongoing practice and not across society as a whole, since defining what constitutes enough merits to receive certain goods is usually a source of great controversy.  As a result, it becomes clear that the principle of merit or desert also leaves us with little or no theoretical leverage to elucidate whether people are morally equal.

The final challenge to the principle of equality comes from appealing to the notion of difference.  Here the argument is that equality implies a uniformity of treatment, whereas interests in society are in fact plural.  In other words, instead of basing public decision-making on the principle of “one person, one vote,” the principle of difference requires some groups to be given a special say in certain matters of public policy; however, the extent to which appealing to difference mounts a serious challenge to the principle of equality is a matter of dispute.  Requiring equal consideration of the people’s interests is compatible with recognizing that over some questions the interests of certain groups are more deeply engaged than others, as it can be seen, for example, in the protection of the right of an indigenous community to make autonomous decisions about its internal matters.  Thus, allowing a special say for certain groups in public policy also seems incompatible with the principle of equality, rendering the notion of difference useless when trying to elucidate if people are morally equal.

To conclude, despite these and many other challenges, the principle of equality still remains central in modern political thought.  In fact, its very centrality means that current discussions over its precise interpretation are likely to continue at least in the near future.  This is why the issue of people’s moral equality remains inconclusive and why I think it is not likely to be solved in the near future.  Perhaps the best alternative to solve this issue would involve querying the idea that any fundamental norm of human equality is needed for a humane and decent ethics.  In place of an equality norm, we could get rid of the idea that differences in the treatment of people should be based on morally relevant and sufficient reasons—either reasons based on differences among individuals or other considerations.  To this formal norm we might add a substantive presumption in favor of equal treatment: in the absence of reasons to treat people differently we should accord them equal consideration.  The third ingredient in this “pragmatic deflation” of the issue would be to note that very often we are in a poor epistemic position to differentiate reliably among humans when significant benefits and burdens are being distributed.

            I believe the pragmatic deflation strategy suggested above is worth further consideration.  Its viability hinges on the plausibility of the particular non-egalitarian principles that take the place of any substantive equality norm and their ability to match our considered judgment.  I doubt, however, that most people’s allegiance to a substantive ideal of human equality consists of nothing more than respect for a useful tool that is not valued for its own sake, nor do epistemic liabilities entirely constitute our grounds for insisting on equality.  In a Lockean framework, for example, I will suppose my right to live as I choose, so long as I do not harm others wrongfully, should count for as much as any other person’s similar right—even though it is undisputed that I am less intelligent and less disposed to be moral than many others.  As a result, the pragmatic deflation strategy might end up revising our current understanding of the reach, scope, and importance of substantive equality norms and not merely altering our understanding of their rational—a risk that might be worth taking.





How Politics is Related to Freedom

29 09 2008

Liberalism, as understood by Isaiah Berlin and other liberal philosophers such as Mill and Bentham, is founded upon a negative conception of freedom.  For them, liberty is understood as freedom from restraint: it is doing what one wants without interference from others.  This negative conception of liberty—as opposed to the positive one advanced by Rousseau, Kant, and Hegel—regards government as the primary source of unwarranted restraints.  From an economic perspective, negative liberty defends laissez faire economics as the most efficient way of maximizing both freedom and satisfaction.  According to this view, freedom is maximized because free markets are a non-coercive mechanism of economic coordination, while satisfaction is maximized because free markets allocate resources to meet existing demands.  Similarly, from a social perspective, negative liberty focuses on the possibility of individual moral liberation—that is, on the notion that the highest aspiration of human beings is to discover and develop their individuality.   According to this view, freedom is maximized because individuality thrives when individuals are left alone in their “private sphere.”

I believe these conclusions are entirely consistent with a negative conception of liberty; however, in what follows I will argue that they can be easily rendered suspect by showing that freedom cannot really flourish in the absence of restraints.  In this way I hope to clarify how politics is related to freedom.

How can freedom fit with the organized structures of political life?  First and foremost, we must remember that politics is the art of accommodation.  As such, politics can be seen as the tool that allows us to accommodate our daily disagreements with others.  Thus, in political life I understand that others may not share my interpretation of a given situation—that is, not interpreting things the same way as I do, I cannot expect others to act as I do.  Their interests may, in fact, be opposed to my own.  In a tyranny, for example, agreement is secured by power and by the suppression of everyone’s freedom.  In politics, however, agreement is a matter of negotiation, of give and take, and of compromise.  The possibility of such compromise points to a fundamental difference in the way politics and tyranny conceive freedom.  Let me elaborate on this latter point.

In a tyranny, freedom is individual and abstract: its pure expression is the arbitrary whim of the individual.  This lack of context makes compromise impossible, which in turn limits freedom to an all or nothing mode of expression and destroys political life.  The end of political life is not only marked by the concentration of power in the hands of an élite or a single tyrant, but also by the suppression of alternatives and choices, which, as I will argue, constitute the backbone of freedom.  Thus, the ideal tyranny is one in which the population can no longer conceive such alternatives—that is, in which the population is forced to think, act, and disclose the world according to a limited number of state-approved projects completely detached from political life and freedom.  So disclosed, the tyrannical world described above cannot offer any evidence running counter to the claims of the state.  Freedom in such a world operates within a limited set of options that, when reenacted, confirm each other in disclosing a single reality: that life in a tyranny offers no evident alternatives.  In such a world, the private or the hidden has all but vanished.  This is not just because privacy is suspect (or even forbidden) in totalitarian societies, but because in those circumstances all the meanings that determine the content of language and freedom have been severely limited.  The totalitarian ideal is that of limiting the saying to the said; it is that of evacuating the “excess” of the hidden so that everything about an individual is publicly available and thus subject to state control.

Not surprisingly, after the collapse of a totalitarian regime the resulting freedom does not resemble the “natural liberty” envisioned by social contract theorists; instead, what remains is a freedom that lacks any context to keep it stable.  Under these conditions the immediate result is a profound breakdown of civil society.  Civil society is based on the overlap of interpretative accounts of a shared political and social space.  Such accounts point to the overlapping plurality of projects that can coincide at the same time as they can differ.  In civil society, the disclosed presence of the social space is determined by such projects, which are inevitably subject to different interpretations and hence capable of constantly exhibiting changes and innovations.  Thus, to live in such a space, one has to be able to negotiate the extant differences between such interpretations, and so defined; this space is that of politics.  This is yet another reason why politics is the art of accommodation and the reason why it is important for the survivors of a totalitarian regime to embrace this art at least in the form of civil society, because it is only in terms of such society that their freedom can gain the particular political character that fits with political life in their particular context.

This is the point in which we finally render suspect the negative conception of freedom.  If indeed political life—in its original and primordial form—is nothing but the exercise of freedom and holds only if we take freedom to be collectively grounded, it must be the case that political life and freedom are located at the center of the public space.  In other words, political life begins when differing interpretations of a situation are voiced openly and continues insofar as these interpretations achieve a public presence as potential courses of action, which in turn makes them part of our collective freedom.  Therefore, it is at legislatures, courts, markets, and even coffee shops where politics is acted and reenacted to reaffirm our freedom.  Without these public spaces we would lose our freedom, forcing us to find refuge in our individuality and thus reopening the door for the return of tyranny and oppression.

As long as there is politics there will be freedom and as long as there is freedom there will be politics.  If any of the two collapses, we enter the realm of tyranny and oppression, where freedom becomes an Orwellian vision that can only be experienced in isolation.  This is why politics is so closely related to freedom and why freedom cannot be understood without politics.